El proceso para las elecciones regionales y municipales de octubre se anticipa como el de mayores amenazas de violencia en la historia reciente del país, sin que el gobierno se haya preocupado por adoptar medidas de prevención y protección que fortalezcan las condiciones de seguridad de autoridades, candidatos y electores, y permitan su desarrollo con todas las garantías que exigen el respeto de los derechos fundamentales.

En una forma o en otra, la ley nos envuelve por todas partes. Si uno no se mete con la ley, la ley se mete con uno. La Constitución en sus normas rectoras afirma que Colombia es un Estado legalista por “excelencia”. Y en verdad la ley involucra a todo el mundo.

Trascendental para Colombia lo relacionado con sus Concordatos con la Santa Sede, de cuyo segundo se están cumpliendo 50 años. Dimos ya, datos fundamentales al respecto en columna anterior. En 1942 hubo propósito de Reforma, veinte años antes del Vaticano II, hubo propósito de reforma al del 1887 que suscito dura oposición de la mayor parte de los Obispos y del pueblo colombiano que no culminó.  

En el Congreso de la República de Colombia cada quién quiere el cambio según su propia conveniencia y otros ni lo desean, ni lo dejan hacer.

En la legislatura que acaba de terminar, mientras el gobierno se esmeró en las reformas para procurar resolver las inequidades de una amplia mayoría social, no contó con una mayoría política confiable, requiriéndose un mínimo de 55 senadores y 86 representantes a la Cámara comprometidos con la misma causa.

Ya desde la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) me causó curiosidad que el gobierno en sus estimaciones a largo plazo, y a pesar de algunas nuevas estrategias en reindustrialización, capacidad exportadora o desarrollo del agro, nunca habló de crecimientos del PIB superiores al 3,6%. Algo totalmente distinto a la mayoría de los planes de desarrollo en el pasado que se pusieron metas superiores al 4%, justamente como un camino para que hubiese más empleo, más equidad, menos pobreza y más inversión pública.

Es difícil imaginar un gobierno peor que el de Gustavo Petro, que se debate entre fracasos, escándalos y absoluta ineficiencia. El paso de sus proyectos por el Legislativo no ha podido ser más triste; casi todos se cayeron aun repartiendo mermelada a rodos.

La búsqueda de la hegemonía es lo que más obsesiona al socialismo. A esa nueva izquierda latinoamericana. Un mismo vínculo ideológico, social y cultural que una definitivamente a las diversas clases sociales. Una idéntica concepción del mundo. Una fusión de todo y de todos incluyendo a la clase media arribista con el proletariado para crear una única y homogénea conciencia revolucionaria.

Al hijo de Putin, dictador de Rusia -como a un colega suyo de por estos lares- no se le puede creer ni lo que reza, y cualquier intento de golpe de Estado -blando o duro- hay que mirarlo con beneficio de inventario.

Pasada la tormenta llega una calma, irregular e intermite en Colombia, porque nuestros líderes nunca paran sus improperios para frenar las acciones al gobierno de turno. Esto es histórico.

Se filtró que en la Corte Constitucional se repartió una ponencia entre los magistrados, según la cual se declara inconstitucional la Ley 2272 de 2022, por la cual: “se define la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones”, conocida como el instrumento para la Paz Total, la cual permite al Gobierno tener acercamientos de paz con organizaciones criminales, llámese disidencias armadas, bacrim, grupos de narcos, Clan del Golfo, etc.