El reciente paro de los camioneros ha dejado experiencias importantes que ponen al país en una extraña y rara dependencia de quienes, para manifestar su inconformidad, apelan a ciertas actividades cuyas consecuencias aún hoy no se han analizado convenientemente, pero que están tomando carta de ciudadanía para alcanzar ventajas y gabelas que por las vías que la ley dispone, creen que no pueden obtener.
La autorización del transporte urbano por medio del sistema conocido como Uber, vigente en varias ciudades del mundo no se ha podido regularizar. Los propietarios de los taxis han hecho manifestaciones, en unos casos violentas, en contra de este nuevo sistema. La ciudadanía no se ha podido enterar convenientemente de las razones de la violencia. Lo cierto es que ésta, la ciudadanía, está dispuesta a pagar un poco más a cambio de obtener un servicio adecuado. Bien parece ser que es esta una manifestación de inconformidad que pretende poner en entredicho la ley de oferta y demanda, que no es otra cosa que la de una economía libre; quien adquiere un servicio puede tener la opción de escoger el que más le convenga. Claro que al Estado obliga a reglamentar los servicios ofrecidos y el usuario es quien escoge. Se espera que así se haga, de suerte que al usuario no se le niegue la oportunidad de utilizar el que más y mejores oportunidades le ofrezca, incluyendo el valor que por él paga. Ya el señor alcalde Peñalosa ha dispuesto aumentar el valor de los servicios para los taxis tradicionales, a cambio de poder ofrecer un mejor servicio. Ojalá que así suceda y esta concesión no constituya una reacción oficial como prevención a nuevos desaguisados por parte de quienes ahora obtienen una mayor remuneración por lo de los Uber.
En anterior columna se hizo un comentario para indicar cómo el paro de los camioneros se hubiera podido si no resolver por lo menos morigerar y así haber contribuido a reducir los daños irreparables que se la hicieron a la economía nacional. Si además de la capacidad de negociación del Gobierno se hubiera podido contar con los ferrocarriles del país, hoy de tan de capa caída. Es un medio de transporte que le prestó a la nación muy importantes servicios no solamente para su desenvolvimiento normal, sino en también en momentos de emergencia. Es de esperar que la que parece se acaba de superar haga volver los ojos al país sobre la necesidad de contar con ferrocarriles eficientes. Desafortunadamente los promotores del paro quedaron provistos de un arma de carácter político como fue la declaración de todos los funcionarios oficiales, a todos los niveles, que este paro tuvo como consecuencia el aumento en el costo de la vida por la falta de suministro oportuno y adecuado de los bienes de consumo. Ya saben lo que pueden hacer y los daños que pueden causar, tocando indicadores tan sensibles para el bolsillo del ciudadano y para la buena marcha del Gobierno como es el índice de precios al consumidor.
Tienen ahora en su mano un argumento reconocido y sensible para las acciones gubernamentales, en particular si en algún momento se dispone de dotar al país de un medio de transporte como es el ferrocarril. Claro que para que esto suceda, como para toda iniciativa vital para el país, la voluntad política que ahora se ve amenazada, en el caso de los transportes, por el arma de la cual fueron provistos los camioneros. Son árbitros reconocidos del aumento en el costo de vida
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