Como lo afirmamos en la nota pasada, el problema del Bronx se extendió en el tiempo y la ciudad. La dimensión que están tomando las cosas no deja buen sabor, por el contrario, es muy preocupante. Ya vemos cómo los grupos de habitantes de calle se han vuelto itinerantes en diferentes puntos de la ciudad, haciendo presencia de acuerdo a los planes de narcotraficantes que, soportados en miedos y necesidades de droga, presionan estas tribus urbanas a intimidar ciudadanos, convirtiendo en dormitorios sectores residenciales y comerciales, con detrimento de toda actividad social .
Los medios de comunicación este fin de semana se ocuparon del tema de manera exhaustiva, demostrando conocimiento e investigación sobre los componentes que rodean esta problemática, recogiendo conceptos venidos de expertos en seguridad ciudadana, que recomiendan mantener la oferta de atención social, presentada por la Secretaria de Integración Social, acompañada de la operatividad policía. Estas recomendaciones, que son bienvenidas, tienen una falencia y es la incapacidad jurídica para presionar por parte de la administración la aceptación de las ofertas rehabilitadoras, y en cuanto al accionar policivo, la institución tampoco cuenta con herramientas legales que le permitan actuar contra esta personas que generan sensación de inseguridad comunitaria. Estos individuos no sólo piden ayuda o limosna en las calles, sino que hacen presencia en comercios, restaurante, tiendas, y demás, exigiendo dinero con amenazas y agresividad. En pocas palabras ningún sector o barrio de la ciudad están exentos de verse invadido por estos grupos que tanto mal originan tras de sí.
Las autoridades encaran la problemática sin recursos. Como lo venimos sosteniendo, la sentencia de la Corte Constitucional cierra el paso a la rehabilitación presionada, la Policía no cuenta con facultades ni lugares adecuados, no obstante estas personas alteren el orden público y los vecinos tengan el derecho de pedir respeto en entonos laborales y habitacionales. Urge un gran frente de acción ante esta crisis, jurídicamente se le debe buscar una salida, la sociedad alerta y apoyando con información sobre la presencia de estos personaje en sus entornos y la policía respondiendo los llamados con prontitud. Todo ello sostenido en pronta recuperación.
No podemos permitir, como ya se preludia, que la comunidad quiera tomar la justicia por propia mano porque eso sería fatal para el Gobierno nacional, la administración y la ciudad. Sabemos que el enojo puede invitar a la acción de diferentes comunidades, y entendemos el desespero por preservar la seguridad ciudadana, pero ese no es el camino. Cedamos espacios a la autoridad, que de seguro vendrán apoyos y salidas legales, no podemos actuar como antisociales, ni combatir este flagelo sin apego a la ley. La policía juega un papel de mucha responsabilidad para desestimular estos brotes peligrosos y definitivamente criminales
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