El presidente venezolano Nicolás Maduro suele invocar la democracia para hacer imposible la democracia. Y acostumbra a esgrimir la Constitución para ignorar los principios constitucionales, entre ellos el de la soberanía popular. Como en Colombia, en donde la reforma constitucional que simplificó las condiciones y los trámites para reformar la Constitución (Acto Legislativo 1 de 2016) entró en vigor mediante una curiosa “interpretación” de una de sus normas (el artículo 5), que exigía para tal efecto la refrendación popular. En virtud de ese entendimiento, que echó por tierra el fundamento esencial de la democracia directa o participativa -la cual no equivale a la representativa o indirecta-, se admitió, inclusive por el tribunal a cuyo cargo se encuentra la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (C.P., art. 241), que la refrendación popular no exige la participación del pueblo sino que -desplazado el pueblo- el Congreso puede hacer sus veces. Y ello, aunque previamente -el 2 de octubre de 2016- el pueblo -en votación directa- había dicho NO a los acuerdos que el Congreso refrendó después a su nombre y en su sustitución.
Volviendo al caso venezolano, el gobierno pretende sofocar las protestas populares -reprimidas con violencia-, mediante las cuales la gente reclama elecciones -de aquellas previstas en la Constitución-, acudiendo a la convocatoria de una asamblea constituyente, prevista en el artículo 347 de la actual Carta Política, “con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Quinientos integrantes -que Maduro llama “constituyentistas” y que, al parecer -según la intención presidencial-, no todos serán elegidos directamente por los ciudadanos sino por organizaciones y gremios, lo que nos recuerda un poco al fascismo.
Olvidó Nicolás Maduro que esa Constitución fue inspirada por el artífice de la revolución bolivariana, de cuya obra se dice continuador -el “comandante eterno” Hugo Chávez Frías-, y quizá no ha tenido en cuenta que, según su preámbulo, en 1999 se buscaba “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones”. ¿Se va a transformar el Estado y se va a crear un nuevo ordenamiento jurídico sobre bases distintas, para que nadie se oponga al gobierno, ni reclame participación democrática?
Se entiende que una “transformación” de la República implica “cambiar los fundamentos”; sustituir los postulados en que se funda la actual República, para proceder a instaurar otro modelo distinto, y un orden jurídico diferente.
¿Quiere Maduro eso? ¿No le gusta una sociedad democrática, participativa y respetuosa del imperio de la ley, y aspira a sustituirla por otra? ¿O quiere sostener esos valores, que predica constantemente? Y, si es así, cabe preguntar: ¿para qué la Constituyente? ¿Para ser fiel al fundador de la República Bolivariana de Venezuela, no sería mejor realizar esos principios democráticos y participativos, cumplir la Constitución de 1999 y cumplir las leyes, respetando la protesta y permitiendo las elecciones?
Como lo decíamos hace unos días, quizá estamos ante el mal jugador, que, cuando pierde, suele romper el naipe. ¿O es que Maduro cree que con esta convocatoria puede acabar con las protestas, con el hambre, con el desempleo, con la inflación, con la devaluación, y con la terrible crisis que afronta su gobierno y que tiene a Venezuela al borde de una guerra civil?
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